Fortalecer lo que tenemos en materia de justicia transicional, adecuarse a lo que ya existe y no tratar de innovar bajando unos estándares que ya están en su punto más bajo es una de las conclusiones del conversatorio “Desafío de las justicias transicionales en Colombia: presente y futuro” que tuvo lugar en el IV Congreso de Justicia Transicional (JEP).

El debate se orientó a explicar las dificultades constitucionales, legales y políticas que genera el “ecosistema” de justicias transicionales en el país como consecuencia de distintos diálogos de paz, negociaciones o procesos de sometimiento adelantados entre el gobierno nacional y grupos armados.

Para el miembro de la mesa de negociaciones con el ELN, José Félix Lafaurie, el país no va en el camino correcto en estos temas; no hay simetría en la manera como se tiene que aplicar la justicia Especial para la Paz y la JEP “no puede tener la capacidad virtuosa de corregir toda una cantidad de entuertos de una sociedad que no es capaz de mirar los problemas con la profundidad debida”.

A su turno el exvicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, señaló que es necesario “buscar la paz con condicionamientos claros pues la traición de estos grupos armados ilegales a las buenas intenciones del gobierno, por no poder poner unos estándares y unos inamovibles, se ha transformado en una explosión de violaciones sistemáticas de derechos humanos”.

En ese sentido, cualquier cuestionamiento que se plantee con las cinco organizaciones, definidas por la Cruz Roja Internacional como grupos armados organizados, debería hacerse en el marco de lo que ya tiene el país y bajo unos condicionamientos, pues “ceder territorio o condiciones beneficiosas a estos grupos que se están fortaleciendo todos los días con la extorsión, con la vulneración constante de derechos, con la explotación de recursos naturales y la contaminación vía minería es un riesgo más alto (…) que cierra la posibilidad de una justicia transicional con transición”.

Los participantes de este panel coincidieron en que toda la institucionalidad debe aprender de la justicia transicional y tiene que generarse una transformación encaminada a luchar de manera directa contra la corrupción, como hasta ahora, pues este fenómeno contribuye a que la violencia y el conflicto se incrementen y a que el dinero.